Dice un eslogan publicitario que “cuando se puede elegir, es obligado acertar”. El Estado parece tenerlo presente cuando se trata de comprar tecnología que no existe en el mercado: le gustaría acertar en tan arriesgada decisión, pero no sabe cómo.

El supuesto legal de la compra de I+D por parte de la Administración existe desde 2008, cuando entró en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos. Pero desde entonces, sólo ha habido un proyecto de este tipo: la renovación de la red que conecta a universidades y centros de investigación, promovida por la entidad pública Red.es.

Autor/Fuente ANTONIO MUÑOZ VÉLEZ para http://www.publico.es/

Lea la nota completa